El Registro Nacional de Corredores de Propiedades es un anhelo para ACOPROT A.G.
Por
Salvador Makluf Freig
Vender una aguja, una bebida o un libro, sin duda son operaciones menos complejas que la de vender un inmueble; aún así no se necesita de ningún requisito para habilitarse como agente inmobiliario en Chile, con las perniciosas consecuencias que ello trae.
Por ello, ACOPROT A.G. presente en la Región de la Araucanía, es un importante actor de la industria inmobiliaria cuyo objetivo es la formalización de la de la misma con altos estándares de ética y profesionalismo; aquel actor cuenta con un Directorio y un Código de ética que rige sus actuaciones.
ACOPROT A.G. tiene actualmente 52 socios activos en la Región de la Araucanía, constituyéndose mediante asamblea el 11 de enero de 1994, siendo inscrita en el Registro Regional de Asociaciones Gremiales el 14 de agosto de 1995.
Desde hace más de 15 años ACROPOT es una delegación Regional de ACOP – Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios A.G. [www.acop.cl]
Diario Inmobiliario conversó en exclusiva con Eduardo Sepúlveda (coma) Director y Tesorero de la entidad, para conocer su parecer sobre la falta de regulación legal de los corredores de propiedades.
¿Por qué en Chile no existe un registro Nacional de Corredores de Propiedades?
Porque mediante el Decreto Ley N° 953 del 15 de octubre de 1977 y la Ley N° 18.796 del 24 de mayo de 1986, se derogó el Registro Nacional de Corredores de Propiedades que estaba bajo la tuición del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; aquel entregaba un número de registro a cada agente inmobiliario que otorgaba el distintivo de profesional.
¿Cuáles son las principales denuncias que existen en contra de los intermediarios inmobiliarios?
La desregulación permite que tan importante actividad pueda ser desarrollada por cualquier persona mayor de 18 años sin ningún requisito mínimo, lo que ha traído consigo innumerables problemas a los interesados: por ejemplo errores graves por desconocimiento o estafas que perjudican gravemente los intereses de los usuarios, y ese terreno ya es peligroso evidentemente. Veamos: venta de loteos brujos, arriendo de verano que no se condice con la realidad, cobro de honorarios y/o comisiones por servicios no prestados correctamente, etc.
¿Cada asociación tiene un Comité de Ética que vela por el buen cumplimiento de las normas disciplinarias?
Las Asociaciones Gremiales permiten mejorar en parte la actividad ya que contamos con un Estatuto y un Código y Comisión de Ética y Disciplina; sin embargo, cerca del 90% de quienes ejercen la actividad no se encuentran agremiados porque nada los obliga a ello.
En efecto en Chile desde la derogación de la normativa que establecía mínimos a los intermediarios, cualquier persona, inclusive aquella(s) condenada(s) por reiterados delitos económicos y en contra de la propiedad, como estafas, defraudaciones o giro doloso de cheques, puede(n) ejercer el corretaje de propiedades.
¿Por qué recomienda capacitarse y ser parte de una Asociación Gremial?
El ejercicio de nuestra actividad se ve afectada permanentemente por cambios de todo tipo que exigen capacitación permanente en todas las áreas, que obligan a los agentes a estar al día de dichos cambios para entregar un servicio de calidad y que no desprestigie la actividad como sucede actualmente. Como se dijo anteriormente, las Asociaciones Gremiales son una buena forma de paliar en parte la desregulación de esta importante actividad económica. El mal ejercicio de ella puede perjudicar gravemente el patrimonio de una persona.
En resumen, una actividad regulada y profesionalmente ejercida irá en beneficio de toda la sociedad, por lo que se hace imprescindible reponer el Registro Nacional de Corredores de Propiedades.
Desde el mes de marzo del año 2018, el proyecto de ley que tiene por objeto la reinstauración del registro para corredores inmobiliarios duerme en el Senado, siendo la última gestión útil realizada(,) un oficio de la Comisión de Economía (para) ante el Ministerio de Economía, con el objetivo de fortalecer la iniciativa legal.
Sin duda creemos en la libertad de trabajo y la libertad económica, como también creemos en la responsabilidad del Estado a través de la legislación, de establecer estándares mínimos para una actividad fundamental para toda la sociedad (toda) y la economía nacional.
