La acumulación de deuda pública, discusión que ha ganado protagonismo en la agenda pública nacional, no es un asunto meramente macroeconómico ni tampoco una preocupación de sólo unos pocos ya que afecta al global de nuestra economía.
Un aumento significativo de la deuda pública tiene efectos desfavorables en el mercado inmobiliario. Para financiar esta deuda, el gobierno a menudo recurre a la emisión de bonos soberanos que, si bien proporciona liquidez inmediata, ejerce presión al alza sobre las tasas de interés. Los inversionistas, al exigir mayores rendimientos por el riesgo asociado a una mayor deuda nacional, influyen en el costo del financiamiento, tanto para el sector público como para el privado. Este incremento en las tasas impacta directamente el costo de los créditos hipotecarios, haciendo que la compra de una vivienda se vuelva menos accesible para un segmento cada vez más amplio de la población.
La consecuencia inmediata es una disminución en la demanda y, potencialmente, una desaceleración en el crecimiento del sector, más aún en un año marcado por la guerra de aranceles comerciales a nivel mundial y por la proximidad de un proceso electoral relevante en nuestro país. En esta discusión interna, respecto de cómo se enfrentaría un eventual crecimiento significativo de nuestra deuda pública, aumenta también la incertidumbre previendo muchos actores definiciones de medidas de austeridad, eventuales aumentos de impuestos y mayores tasas de desocupación laboral. A nivel ciudadano, muchas personas podrían postergar decisiones de inversión de largo plazo, como, por ejemplo, la compra de una propiedad. Esta actitud cautelosa -en consecuencia- se traduciría en una menor actividad en el mercado inmobiliario, afectando la venta de viviendas nuevas y usadas.
El impacto de la deuda pública, sin embargo, no es necesariamente unidireccional. En ciertas circunstancias, el gobierno puede recurrir a la inversión pública en infraestructura para estimular el crecimiento económico. Estos proyectos, si bien aumentan la deuda en el corto plazo, pueden tener efectos positivos en el mercado inmobiliario a mediano y largo plazo. La construcción de nuevas carreteras, sistemas de transporte público y servicios básicos puede aumentar el atractivo o dinamizar ciertas zonas o territorios, impulsando la demanda de viviendas y, por ende, elevando los precios. No obstante, la eficacia de esta estrategia depende crucialmente de la correcta planificación y ejecución de los proyectos, así como de la capacidad del gobierno para gestionar la deuda de manera sostenible.
Esta es la realidad y desafíos que enfrentará nuestro próximo gobierno. El aumento de la deuda pública, impulsado en parte por las medidas de apoyo económico durante la pandemia, ha generado preocupación. La necesidad de una consolidación fiscal, es decir, de reducir el déficit y controlar el crecimiento de la deuda, se vuelve un imperativo para evitar presiones al alza en las tasas de interés y mantener la confianza de los inversionistas.
En este contexto, las políticas públicas que se diseñen e implementen desde hoy, deben considerar soluciones que mitiguen los efectos negativos de la deuda sobre el mercado inmobiliario. El gobierno debe priorizar la inversión en proyectos de infraestructura que generen valor a largo plazo, fomentar la transparencia fiscal para mantener la confianza del consumidor y promover un marco regulatorio que favorezca el acceso a la vivienda, no tan sólo para los sectores más vulnerables.
Américo Ibarra Lara
Director Observatorio en Política Pública y Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
(Fuente: diarioestrategia.cl)
